Hola a todas, estoy aprendiendo algo que no sabía y aunque no comparto esta idea de trabajar en la industria del sexo respeto el trabajo que ellas quieren realizar, por otra parte tenemos una ciudadanía sexuada que excluye a las mujeres y sus trabajos, por un lado, permite cerrar la división entre mujeres buenas y malas mujeres, putas y decentes, que ha disciplinado a las mujeres.

Como veremos, el proceso de construcción de la ciudadanía en términos laborales ha supuesto la negación de los trabajos emocionales y de cuidado asignados a las mujeres, especialmente en el ámbito doméstico. Cuando además esos trabajos se comercializan, el derecho no sabe muy bien cómo gestionarlos sin seguir creando la diferencia y sin seguir tratándolos como trabajos de mujeres en lo privado.

Algo que me llamo la atención es como resuelve un problema un policía tratando de ayudar a una prostituta, que “había resuelto” este problema del siguiente modo: los policías indican a las víctimas de explotación sexual que denuncien también y falsamente a alguien sin dar datos de modo que ellos pueden cursar las denuncias y actuaciones para entrar en la protección del Art.59 porque si no es así, hay que cursar una orden de expulsión para las mujeres. El sistema exige no sólo que las mujeres nieguen haber querido migrar y se declaren víctimas, sino que deben además denunciar falsamente y esto bajo la tutela de la policía actuando también ilícitamente.

Esta situación resulta ser bastante habitual, en la mayoría de los casos las cosas no son tan sencillas, ni las líneas están tan claras. Lo mismo ocurre con la distinción entre las mujeres forzadas a ejercer la prostitución y las que lo deciden. En el estado español, el trabajo sexual no está penalizado ni regulado pero ninguna mujer puede conseguir un visado de trabajo o un permiso de residencia como trabajadora del sexo.